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Desde finales del año pasado, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), solicitó a la Cámara de Diputados que no aprobara los cambios en la ley sectorial por la que se implementará un registro de usuarios de telefonía móvil en México.

Entre los argumentos que presentó, indicó que este registro no contribuirá a reducir los niveles de inseguridad sino que tendrá el efecto contrario, sobre todo en el caso de prepagos.

“No existe en el país registro alguno que pueda contener mayor cantidad de información sensible de los particulares, además de información personal y hábitos de consumo que pueden determinar la capacidad económica de las personas”, mencionó el organismo a través de un escrito.

Con dicho registro, aprobado en diciembre de 2020, todos los usuarios de telefonía móvil deberán inscribirse en un registro nacional, donde deberán aportar todos sus datos personales, incluidos los biométricos, como mecanismo para determinar quién es el propietario de la línea y utilizar esa información en investigaciones de secuestro o extorsión.

De acuerdo con La Jornada, de las 140 millones de líneas telefónicas que hay en el país, 122 millones están asociadas a teléfonos móviles, por ello, al no conocerse quién es el propietario o usuario de la línea, sumado a la facilidad para adquirir un chip o tarjeta Subscriber Identity Module (SIM), se ha incrementado su uso para cometer delitos.